Esterilización Forzada: El Secreto Más Oscuro del Perú

Una investigación sobre si el gobierno de Alberto Fujimori llevó a cabo esterilizaciones forzadas en masa en la década de 1990 se ha reabierto. Estas atrocidades contaron con el apoyo de las Naciones Unidas y la USAID.

Traducción Luis Miranda
The Real Agenda
11 de diciembre 2011

Victoria Vigo no muestra ningún atisbo de emoción mientras relata cómo descubrió – por casualidad – que había sido quirúrgicamente esterilizada contra su voluntad. En avanzado estado de gestación, fue internada en un hospital público de la ciudad de Piura, en la costa norte de Perú, en abril de 1996 para someterse a una cesárea. Pocas horas después del procedimiento, su hijo recién nacido había muerto y la Sra. Vigo, de 32 años en ese momento, estaba siendo consolada por dos médicos.

“Yo estaba agotada y sólo quería ir a casa”, dice la Sra. Vigo. “Los médicos estaban tratando de consolarla y una me dijo que yo era aún muy joven y podía tener más hijos. Pero entonces, después, oí que hablaban y el otro dijo que no sería posible que yo tuviera más hijos porque él me había esterilizado “.

El caso es que la señora Vigo no había dado permiso para ser esterilizada quirúrgicamente. El doctor había omitido en su historia clínica y no se le informó. “Me sentí completamente violada y brutalmente. Todavía no puedo entender lo que lo motivó “, dice la Sra. Vigo. “Me esterilizó y luego escondió la evidencia. Yo podría haber intentado durante años tener otro hijo sin saberlo ni nunca imaginarlo. “

Doblemente traumatizada, la Sra. Vigo fue a su casa sin enfrentar el médico. Pero finalmente lo demandó y, en 2003, ganó una indemnización de aproximadamente 2.000 libras. Durante el juicio, la Sra. Vigo, dice, el médico dijo que había seguido las instrucciones y que la práctica de esterilización de los pacientes – con o sin su conocimiento o consentimiento – era habitual entre los profesionales de la salud pública del Perú.

La alegación ahora puede finalmente ser probada en los tribunales, después que la Fiscalía General de Perú reabrió el mes pasado una investigación sobre las supuestas esterilizaciones forzadas durante el gobierno de Alberto Fujimori, presidente de 1990 a 2000, que se encuentra actualmente cumpliendo una condena de 25 años de cárcel por malversación de fondos y por dirigir escuadrones de la muerte durante la represión contra el maoísta Sendero Luminoso.

La investigación se verá todo el tema de las esterilizaciones forzadas mientras se centra en el caso de Mamérita Mestanza, de 33 años de edad, de habla quechua y madre de siete, de la región andina de Cajamarca. Ella murió en 1998 debido a complicaciones de una cirugía de esterilización que las autoridades sanitarias supuestamente la obligaron a aceptar.

Según grupos de derechos humanos, puede haber habido cerca de 300.000 víctimas, mayoritariamente mujeres, la mayoría de ellos pobres e indígenas, a menudo, quechua-hablantes con un español limitado. “Ellos fueron los más débiles y más vulnerables,” dice la Sra. Vigo, cuyo caso sigue siendo el único que ha llegado a los tribunales en el Perú.

De acuerdo con la sede en Nueva York del Centro de Derechos Reproductivos, el Perú de Fujimori es uno de los dos casos de esterilizaciones forzadas que se adoptó como política de Estado desde el Tercer Reich.

El caso había sido archivado en 2009 después de que se considera que ha transcurrido mucho tiempo bajo el estatuto de limitaciones. Sin embargo, los fiscales han reclasificado las esterilizaciones como un crimen contra la humanidad, es decir, no hay límite de tiempo para que los responsables sean llevados ante la justicia.

Eso podría allanar el camino para un juicio de alto perfil contra Fujimori y sus tres ministros de salud Eduardo Yong Motta, Alejandro Aguinaga y Marino Costa Bauer.

A pesar de que han reconocido que había problemas en casos individuales, los cuatro han negado ordenar las esterilizaciones forzadas. Silvia Romero, una abogada que representa a la Asociación de Mujeres Afectadas por las esterilizaciones forzadas, que cuenta con unos 2.000 miembros, principalmente de la región Cusco, replica: “Esta fue una política de Estado que provenía de las más altas esferas del poder”.

Pero la Sra. Vigo también quiere ver a los médicos que llevaron a cabo las esterilizaciones en el banquillo. Ella cree que las recientes acusaciones hechas por la Asociación Médica del Perú, de que sus miembros fueron presionados a llevar a cabo las esterilizaciones, incluso con la amenaza de perder sus puestos de trabajo, es demasiado poco, demasiado tarde. “Ellos tenían una opción”, dice. “Si más de los médicos se hubieran pronunciado en ese momento, la esterilización nunca hubiera tenido lugar.”

Fujimori presentó por primera vez la política de ofrecer esterilizaciones gratis para hombres y mujeres en 1995 como una manera de hacer frente a la pobreza endémica del Perú y el aumento de la población. En un principio recibió una calurosa acogida, incluidas las de las Naciones Unidas, que proporcionó apoyo financiero. La Agencia de los Estados Unidos de Ayuda Internacional, USAID, donó 35 millones de dólares (£ 22m).

Pero la palabra se extendió rápidamente que los médicos estaban siendo presionados para cumplir los objetivos de esterilización, y pacientes que estaban siendo engañados o intimidados para someterse al procedimiento. Grupos de derechos humanos, incluso informaran sobre presuntos casos de personal médico y miembros de las fuerzas armadas a quienes se les ordenó someterse a esterilizaciones simplemente para permitir que las clínicas compensaran los números. A medida que el escándalo se multiplicó fuera del control en el gobierno de Fujimori, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos intervino y supervisó un acuerdo en 2001 entre el Estado peruano y la familia de la Sra. Mestanza, incluyendo un pago de una indemnización de 100.000 dólares. La Comisión también dio instrucciones a las autoridades peruanas para llevar a los perpetradores a la justicia y a reparar los daños hechos a todas las víctimas – una sentencia que aún no se ha cumplido.

Las esterilizaciones siguen siendo muy controvertidas y sin duda influenciaron el resultado en las elecciones presidenciales de junio en la cual la hija de Alberto Fujimori, Keiko perdió su popularidad después de que muchos detalles sobre las esterilizaciones fueron reveladas al público. Ella había pedido disculpas a las víctimas, mientras que culpó a un grupo de médicos “malos” por los procedimientos.

Según la Sra. Romero, las esterilizaciones siguen siendo “el crimen más olvidado del gobierno de Fujimori”. Eso es en parte debido a la magnitud de la presunta práctica. Pero también se debe al hecho de que, a diferencia de los abusos de los derechos humanos llevadas a cabo por orden de Fujimori en la lucha contra Sendero Luminoso, las esterilizaciones nunca fueron consideradas por la Comissión de la Verdad y la Reconciliación del Perú.
Todo lo cual deja a la Sra. Vigo preguntando: ¿por qué ella? En muchos sentidos, fue una víctima atípica. Calificada como maestra, trabajó como administradora en el negocio de construcción de su familia, haciendo de ella un blanco improbable para una práctica destinada a reducir la pobreza.

Ahora cree que fue elegida para el procedimiento como consecuencia de un infortunio al azar, la confluencia del hecho de que ella ya tenía dos hijos y la presión sobre los médicos en el hospital para cumplir con las cuotas: “Yo no era una candidata para la esterilización”, , dice. “Yo no encajaba en el perfil.

“Por supuesto que ha cambiado mi vida. Tengo la suerte de haber tenido dos hijos, pero yo quería más, incluyendo un segundo y tercer hijo, posiblemente, con mi marido [su primer hijo con una pareja anterior]. El instinto de ser madre es tan poderoso. Cuando esto es arrebatado de usted le quita su único propósito en la vida, su razón de ser. “

De Fujimori, dice: “Yo voté por él dos veces. Como Presidente, él hizo muchas cosas buenas. Alcé la vista hacia él, como una hija a un padre. Lo que él hizo para mí era el peor tipo de abuso de confianza “.

Terroristas de Sendero Luminoso abogan por una amnistía

Sendero Luminoso ha sido derrotado militarmente y sus pocos miembros restantes estarían dispuestos a deponer las armas, uno de los líderes del grupo terrorista ha admitido por primera vez.

Desde su escondite en la selva, en las estribaciones orientales de los Andes, el camarada Artemio, dijo que el grupo quería una amnistía para salir de su escondite. Pero el presidente Ollanta Humala ha prometido acabar con Sendero Luminoso. La mayoría de los peruanos están hartos de sus numerosas atrocidades, incluyendo dinamitar cadáveres de las víctimas frente a las familias.

A finales de 1980 y principios de 1990, inspirados en un estilo de la ideología Khmer Rouge, el grupo llevó a Perú a una guerra civil que cobró 70.000 vidas. Pero ellos han estado en una espiral descendente desde que el fundador y líder, Abimael Guzmán fue capturado en 1992.

Los pocos soldados que quedan siguen patrullando las zonas remotas de montaña, a veces incluso derribando helicópteros, pero ahora parecen más interesados en tráfico de cocaína que en la revolución.

Artículo original publicado por Simeon Tegel en el diário The Independent.