Universidades de EE.UU. y Farmacéuticas Experimentan Ilegalmente en Africanos
November 10, 2011
Traducción Luis Miranda
People’s Constitution
09 de noviembre 2011
Un nuevo informe culpa a prominentes instituciones educativas y compañías farmacéuticas como Pfizer, la Universidad de Columbia, Johns Hopkins University, y el Population Council, por su participación en la experimentación humana ilegal en África.
El informe se titula “Investigación sin Consentimiento en África: La externalización de Tuskegee”, en referencia a los experimentos humanos ilegales realizados en Tuskegee, Alabama, entre 1932 y 1972 por el Servicio de Salud Pública de los EE.UU.. En ese experimento, unos 6oo hombres afro-americanos fueron observados en un estudio sobre la progresión de la sífilis no tratada. Algunos de los hombres fueron intencionalmente infectados con la enfermedad y a todos ellos se les negó la cura. Lamentablemente, el informe señala, nadie era responsable de este crimen contra la humanidad.
Los nuevos detalles del Informe detalla los experimentos dirigidos por investigadores de los EE.UU. y las compañías farmacéuticas sobre los africanos, que por lo general carecen de educación, son pobres, y carecen de la comprensión plena de sus derechos. A ellos a menudo se les hace creer que están recibiendo el tratamiento médico de los servicios de salud gubernamentales o ministerios de salud.
Estas prácticas se remontan a los experimentos atroces llevados a cabo por investigadores de los EE.UU. en Guatemala en la década de 1940, donde cientos de guatemaltecos fueron infectados deliberadamente con enfermedades de transmisión sexual sin información ni consentimiento. El presidente Obama se disculpó formalmente con Guatemala por estos experimentos el año pasado.
Experimentación con seres humanos en los Estados Unidos está regulada por la Oficina de Integridad en la Investigación y varias Juntas de Investigación Institucional de Ética. Muchos países africanos carecen de estas instituciones, pero incluso cuando existen, carecen de independencia y son controladas por funcionarios corruptos del gobierno.
En un experimento sobre el VIH patrocinado por Gilead Sciences, el Centro para el Control de Enfermedades (CDC), y la Fundación Bill y Melinda Gates y que es operado por Family Health International, se dieron detalles de los experimentos en inglés a personas en Camerún, aunque muchos sólo hablaban francés y/o eran analfabetas. Cinco mujeres fueron infectadas con el VIH en el experimento, pero no se les dio los medicamentos antirretrovirales.
En otro experimento en Nigeria dirigido por médicos de Pfizer, los investigadores inyectaron a los niños con un antibiótico llamado Trovan durante una epidemia de meningitis sin proporcionar a sus familias con los formularios de consentimiento informado que revelen completamente los efectos secundarios y el propósito del experimento. Once niños murieron y muchos se quedaron paralizados.
En Sudáfrica y Namibia, las madres con VIH / SIDA son rutinariamente esterilizadas sin su consentimiento. Los países que llevan a cabo estos procedimientos son conocidos por recibir fondos en forma de subvenciones e incentivos de las organizaciones de ayuda USAID, ONU, Bill y Melinda Gates Foundation, Rockefeller Foundation y otros.
El informe explica que los investigadores de EE.UU. y las empresas farmacéuticas violan las leyes y los protocolos de la Declaración de Helsinki (1964) y el Informe Belmont que proporcionan las directrices éticas sobre la experimentación con seres humanos.
Por otra parte, los resultados de experimentos poco éticos y fraudulentos se lavan en los Estados Unidos y Europa a través del sistema de revisión por pares. Muchos de los “pares” que revisan estos experimentos están involucrados en la misma conducta sin ética que deben evitar. Otros están preocupados por la posibilidad de alienación profesional si hablan.
Los autores hacen varias peticiones para que estas prácticas terminen. Entre las medidas propuestas están la realización de audiencias en el Congreso para que el asunto sea llevado a la atención del público y la promulgación de nuevas leyes para asegurar que los medicamentos no sean aprobados por la Administración de Medicamentos y Comidas (FDA) a menos que la investigación en la que se basan cumplan con los principios éticos de investigación.
